Amnistía general a ETA no sirve al proceso de paz

Tras medio siglo de existencia y de cambios importantes en el régimen político español, el grupo vasco ETA (Euskadi Ta Askatasuna, o “Patria Vasca y Libertad”) sigue encuadrado en listas internacionales de grupos terroristas, lo que impone serias dificultades políticas a las conversaciones del Gobierno español con los líderes del grupo. Así mismo, no es reciente el debate sobre la una posible amnistía general a miembros del grupo, como una concesión del Gobierno en los esfuerzos de resolución del conflicto.

En casos de conflictos armados, la concesión de amnistía a los actores involucrados en la violencia puede ser considerada una herramienta en su resolución y en la reconciliación nacional, lo que posibilita la reintegración de dichos actores. Fases importantes de la construcción de la paz – como la de desarmamiento, desmovilización y reintegración definida por las NNUU – por veces incluyen políticas de amnistía para los individuos o grupos que se comprometan a reintegrarse en la sociedad.

Tras el comunicado de ETA sobre su renuncia a la violencia el pasado Octubre, miembros del grupo reivindican dialogo con los Gobiernos español y francés, para debatir puntos como un acercamiento de presos y exiliados políticos, incluidos en la ruta para la negociación. Todavía, el resentimiento por la violencia y la desconfianza en el comunicado y en los esfuerzos de paz sigue definiendo la perspectiva de la sociedad acerca de los próximos pasos. En este caso, una política de amnistía general podría convertirse en un coste para el proceso. Las víctimas y otros miembros de la sociedad, afectada de forma general por la violencia, tendrían que reconocer como positiva a esta política para que se tornara constructiva en el ámbito de la resolución del conflicto, legitimando a los esfuerzos y garantizando la sustentabilidad del proceso.

Por otro lado, son cuestionables algunas normas que gestionan a la actuación del Estado frente a grupos como ETA, por ejemplo la Ley antiterrorista, la política penitenciaria y la Ley de Partidosconsiderada ambigua por la organización Amnistía Internacional, y convertible en instrumento, según informe de la Organización de las Naciones Unidas (NNUU), para la criminalización de actividades no necesariamente relacionadas con el terrorismo. Es necesario revisarlas.

Si la amnistía general no es constructiva en la resolución de este conflicto, algunas alternativas son las amnistías a individuos que no hayan cometido “crímenes de sangre” y la revisión de las penas de los presos, para lograr su reinserción en la sociedad. Según Vicenç Fisas, Director de la Escuela de Cultura de Paz, es también necesario abrir el espacio político a los independentistas que renuncian a la violencia y reconocer el papel de líderes que buscan reforzar una participación no violenta en el conflicto, para el establecimiento del proceso de construcción de paz.

 

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