Bloqueo del Parlamento: la democracia en cuestión

Los 14 y 15 de Junio, un grupo de participantes del movimiento 15-M, indignados con el actual contexto económico y político, bloqueó al Parlamento de Cataluña. Se manifestaban contra la votación de los recortes sociales y del presupuesto general del Estado, que no estaba en el programa del Gobierno.

La actitud fue descalificada por los parlamentarios, en su declaración del 15 de Junio, como ilegítima, por el “desorden” causado y, más específicamente, por la “obstrucción de una estancia democrática”. Además, también denuncian a la violencia empleada por algunos manifestantes, que habrían empujado algunos de los parlamentarios que intentaban pasar.

En manifestaciones como esa, actitudes violentas son contra-producentes, tanto por la dificultad que imponen al diálogo político como también por la instrumentalización que algunos medios de comunicación y actores políticos hacen de ellas, ajenos a la búsqueda por espacios de participación democrática y deslegitimando al movimiento en general. Por otro lado, el bloqueo representa claramente la insatisfacción del pueblo con sus representantes, y con su reducida posibilidad de participar. Así como el Occupy Wall Street, las reivindicaciones de diversos movimientos de este tipo apenas serán realmente oídas cuando accionaren una verdadera disrupción e impedimento del sistema adicto al status quo.

La necesidad que los manifestantes han sentido de recurrir al bloqueo del Parlamento debería ser motivo de reflexión acerca del modelo de democracia actual. La democracia representativa ya no es tan legítima, desde el punto de vista de ciudadanos cada vez más insatisfechos con las posiciones de sus gobiernos ante los temas más fundamentales. Buscan, de forma general, una democracia participativa, dónde temas directamente relacionados con la vida de los ciudadanos, como los recortes sociales, puedan ser decididos por la sociedad.

En este sentido, es urgente construirse nuevas opciones para lidiar con las variadas crisis enfrentadas, y los gobernantes que no pasaren a oír a la población que dicen representar perderán oportunidades de tratar a estas situaciones con más creatividad, finalmente librándose de la repetición cíclica de las crisis económicas y sociales. Todavía, se presenta la posible condena de participantes del bloqueo a entre 3 y 5 años de prisión por un delito “contra las altas instituciones del Estado“, aunque el movimiento sea reconocida y declaradamente pacífico en esencia. Desafiar a una democracia representativa en tiempo de crisis y reivindicar condiciones sociales mínimas así ya parece peligroso, y la violencia – politica, social e incluso física – se presenta cada vez más también por la institución llamada “Estado de Derecho”.

Fuente: La Información

 

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